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Foto: Cesar Melgarejo
Colombia y la JEP: ¿Qué pasa con las víctimas de violencia sexual?
"Además de masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados, la violencia sexual se convirtió en una práctica común durante el conflicto armado en Colombia, dirigida hacia niñas, mujeres y personas con diversas orientaciones sexuales. Esta era una manera de exhibir dominio frente a los actores considerados como enemigos y de ejercer control sobre la población civil".
FCW: Este momento es crucial: en esta semana que marca 23 años desde los acontecimientos de Barrancabermeja, donde más de una veintena de personas fueron asesinadas y desaparecidas, concluyó la audiencia pública de la Justicia Especial para la Paz (JEP) sobre las desapariciones forzadas.
A pesar de los continuos llamamientos de los familiares de las víctimas para que se inicie una investigación especial, "debido al limitado tiempo para investigar y emitir sentencias, la JEP anunció que no abriría un macrocaso especial, sino que investigaría las desapariciones de manera transversal, tanto en las investigaciones de la fuerza pública (caso 08) como en las de las antiguas FARC (caso 10)", explica Rodríguez Valencia.
El tiempo de esta institución de justicia transicional, que sigue siendo respaldada desde Europa, es limitado: tiene un máximo de 20 años desde su fundación en 2015. Debido a la presión nacional e internacional, se abrió el llamado macrocaso 11, sobre violencia de género, hace un año.
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"El uso de la violencia sexual como arma de guerra, no como daño colateral, no es algo desconocido en otros procesos de justicia transicional, como en el caso de la antigua Yugoslavia, donde se llevaron a cabo investigaciones y se emitieron sentencias al respecto. Lo particular del caso colombiano es que se ha abierto un expediente especial. Esta decisión sin precedentes implica el empleo de metodologías especializadas", continúa la jurista colombiana. Sin embargo, desde el anuncio de la apertura, ha habido poco progreso.
"Las organizaciones de la sociedad civil se han estado preparando, proporcionando información sobre casos, hechos y contextos; las víctimas están listas para ser reconocidas y que sus casos comiencen a ser tramitados. Estamos en espera", agrega Rodríguez Valencia, esperando tanto la presión como una mayor asistencia técnica desde Europa.
"Este caso tiene un valor simbólico considerable: los actos de violencia sexual son las conductas con mayor índice de impunidad, son temas de los que se habla muy poco. El arraigado machismo en la sociedad colombiana ha llevado a que haya víctimas que nunca han compartido lo que les sucedió hace 30 años, ni con sus comunidades ni con sus familias", concluye.
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